En un hecho que podría marcar un precedente en los procesos legales contra empresas inmobiliarias presuntamente fraudulentas, la firma Bouclier Legal, S.C., en representación de diversos empresarios, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Federal del Estado de Yucatán contra las personas morales Grupo Aura, S.A. de C.V. y Grupo Urbanizador Prodem, S.A. de C.V., así como contra los particulares Gregorio Adrián Zamora Flores y Juana Lara Rosaldo, por su probable responsabilidad en la comisión de delincuencia organizada, fraude, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La denuncia, interpuesta el pasado 15 de abril, se fundamenta en evidencia que indica que el denunciante entregó un anticipo por $865,218.19 MXN para la adquisición de un departamento en el desarrollo inmobiliario “Distrito Tres70”, ubicado en Mérida, Yucatán, sin que la propiedad le haya sido entregada en la fecha pactada: el 30 de diciembre de 2024.
Asimismo, la representación legal solicita que sea entrevistado el reportero Iván Alamillo N., de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, quien documentó en su investigación titulada “Corrupción en SEGALMEX: ¿La estafa maestra de la 4T?” la existencia de vínculos entre empresas fachada beneficiadas con millonarios contratos públicos y el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Yucatán a través de Grupo Aura, empresa en la que figuran como accionistas Gregorio Adrián Zamora Flores y José Agustín Zamora Flores.
La denuncia enfatiza que los señalados habrían conformado una estructura jerárquica para operar delitos de manera sistemática, utilizando recursos ilícitos para la adquisición de terrenos, obtención de permisos, construcción de desarrollos de lujo y otros procesos relacionados con la actividad inmobiliaria.
Bouclier Legal ha solicitado a la autoridad ministerial federal que requiera, sin necesidad de control judicial previo, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la entrega de información financiera de los implicados, con el fin de facilitar su localización.
Además, debido a la gravedad de los delitos, y en caso de comprobarse su participación en una organización delictiva, se solicita la orden de detención inmediata de Gregorio Adrián Zamora Flores, Juana Lara Rosaldo y Samuel Hernández Vieryra, en virtud de la actualización de flagrancia.
Este caso podría detonar una revisión más amplia sobre el origen de los recursos utilizados en desarrollos inmobiliarios en la región y marcar un parteaguas en la lucha contra el fraude inmobiliario y la corrupción organizada en México.
