El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado su preocupación por una reciente propuesta de reforma constitucional en México que amplía los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Esta reforma, aprobada el 13 de noviembre en la Cámara de Diputados y en revisión en el Senado, incluiría nuevos delitos como la extorsión, el contrabando y algunos relacionados con drogas en la lista de aquellos que automáticamente conllevan prisión preventiva.
Türk subraya que esta medida va en contra de principios fundamentales de los derechos humanos, ya que la prisión preventiva debería ser una medida excepcional, basada en una evaluación individualizada de las circunstancias de cada caso por parte de una autoridad judicial. Además, organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria han recomendado eliminar la prisión preventiva oficiosa en México, citando preocupaciones sobre su compatibilidad con los derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también falló en 2023 en contra de esta práctica, instando a México a adecuar su sistema legal. El Alto Comisionado destacó que, en lugar de ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa, México debería centrarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para recolectar pruebas y demostrar, caso por caso, la necesidad de esta medida, además de explorar alternativas a la detención preventiva.
Türk también expresó inquietudes sobre otras reformas en curso, como la reforma judicial de septiembre, que incluye cambios significativos en el sistema judicial mexicano, como la elección popular de jueces y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. Estas reformas podrían poner en peligro la independencia del Poder Judicial y la transparencia en el sistema judicial, particularmente con la introducción de “jueces sin rostro” en casos de delincuencia organizada, lo que podría afectar el derecho a un juicio justo.
El Alto Comisionado hizo un llamado a las autoridades mexicanas a detener la reforma propuesta y garantizar que la legislación del país cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
